La solución planteada se basa en tres ejes, la descentralización, transparencia y participación ciudadana; permitiendo que los impuestos pagados por las empresas ya formalizadas, sean destinados en porcentajes favorables, siendo un 30% del impuesto derivado al estado, y el 70% de sus impuestos se deriven al gobierno regional, contribuyendo a la ejecución directa de obras en sus regiones, pudiendo visualizar que sus impuestos son utilizados de manera correcta en el desarrollo sostenible de sus regiones; motivando a las demás empresas informales a superar la barrera de la informalidad.